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El combate al sargazo en Quintana Roo se ha convertido, una vez más, en terreno fértil para los contratos multimillonarios, la falta de transparencia y los viejos vínculos entre poder político y empresas privadas.
Documentos revisados por Información S/Límite Quintana Roo revelan que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), otorgó entre 2023 y 2024 contratos por más de 90.5 millones de pesos a la empresa Red Recolector S.A. de C.V. (Red Ambiental), señalada por su presunta cercanía con el exdirigente del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”.
Una empresa con conexiones políticas
Según registros del Registro Público de Comercio, Red Recolector tiene como socio capitalista a Red Ambiental Holding SAPI de CV y al empresario Horacio Guerra Marroquín, identificado como un personaje cercano al círculo político del PVEM.
La expansión de esta empresa en Quintana Roo coincide con el crecimiento del Partido Verde en los municipios del estado, donde sus alianzas han derivado no solo en poder político, sino también en negocios públicos de gran escala.
Contratos por sargazo… y nombres borrados
El primer contrato otorgado fue el SEMA-DA-DRMP-LPN-003/2023-VII, por 28.8 millones de pesos, para un “servicio emergente” de remoción y traslado de sargazo.
El segundo, en 2024, ascendió a 61.7 millones, casi el triple, bajo el concepto de “Servicio Integral de Limpieza de Playas”. Sin embargo, en este contrato, de forma por demás sospechosa, el nombre de la empresa fue eliminado del documento oficial.
La pregunta es inevitable:
¿Por qué un gobierno que dice combatir la corrupción borra el nombre del beneficiario de un contrato público?
Basura, concesiones y ganancias históricas
Red Ambiental no es nueva en Quintana Roo. Durante la gestión de Mara Lezama como alcaldesa de Cancún, la empresa habría recibido alrededor de un millón de pesos diarios por servicios de recolección de basura, de acuerdo con declaraciones de regidores municipales.
No obstante, los documentos relacionados con esos contratos también habrían desaparecido de los portales de transparencia.
Hoy, trascendidos apuntan a que la empresa incluso podría obtener una concesión de hasta 20 años en el manejo de residuos, consolidando uno de los negocios más lucrativos del estado.
SEMA bajo sospecha
Las críticas también alcanzan al actual titular de Ecología, Óscar Rébora, señalado por presuntamente entregar contratos a empresas denunciadas o de mala reputación, además de ocultar información contractual durante 2025.
Servidores públicos dentro de la institución han denunciado sobrecostos, irregularidades y compras injustificadas —como arrendamientos y adquisición de equipo tecnológico— presuntamente utilizadas con fines políticos.
El sargazo como pretexto para gastar sin rendir cuentas
La periodista Graciela Machuca ha documentado que durante más de dos décadas se han destinado miles de millones de pesos en “investigación” y acciones contra el sargazo, sin resultados claros ni informes públicos que justifiquen el uso de esos recursos.
En Quintana Roo, el sargazo parece haberse convertido no solo en una crisis ambiental, sino en un pretexto permanente para asignar contratos, cobrar millones y desaparecer sin explicar en qué se gastó el dinero del pueblo.
Mientras las playas siguen recibiendo toneladas de alga cada año, los contratos se multiplican… y las cuentas no aparecen.
