¿Fin de Playaparq? El retiro de Biciplaya pone bajo la lupa la legalidad de los parquímetros en Playa del Carmen
PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo – Lo que comenzó como una queja en redes sociales podría convertirse en el “talón de Aquiles” legal de la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, conocida comercialmente como Playaparq. Recientes reportes sobre la salida de Biciplaya han encendido las alarmas, ya que, según los títulos de concesión oficiales, ambos servicios forman parte de un mismo engranaje legal: el Sistema de Movilidad Integral.
Una concesión “atada” a las bicicletas
La veracidad detrás de la publicación que circula en Facebook encuentra sustento en los documentos oficiales de 2018. El Título-Concesión otorgado por el Ayuntamiento de Solidaridad especifica que la adjudicación fue para la “instalación, puesta en marcha y operación del Sistema de Movilidad Integral”, el cual comprende obligatoriamente tanto el sistema de parquímetros como el Sistema de Bicicletas Compartidas.
De acuerdo con el contrato HAS/OM/CON/LRP/001/2018, la empresa estaba obligada a iniciar la operación de ambos sistemas de manera conjunta. Juristas y figuras políticas locales, han señalado anteriormente que cualquier incumplimiento en la prestación de estos servicios integrales abre una ventana para revisar —y potencialmente revocar— la concesión que actualmente “secuestra” las calles del primer cuadro de la ciudad.
La presión sobre Playaparq no es solo administrativa, sino judicial. Se ha citado un precedente histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional el cobro de parquímetros en otras ciudades, como Puebla, por violar derechos humanos y principios de legalidad tributaria.
Además, la Corte ha determinado que es ilegal que las empresas concesionarias coloquen inmovilizadores (las famosas “arañas”) o retiren placas, ya que estas son facultades exclusivas de la autoridad y no pueden ser delegadas a particulares.
¿Qué sigue para Playa del Carmen?
Mientras los ciudadanos celebran la posible salida de una concesión que consideran “leonina”, la empresa Playaparq se mantiene bajo vigilancia,. El retiro de Biciplaya no sería un hecho aislado, sino una fractura directa al contrato original que exigía un sistema de movilidad integral.
Si se confirma que la empresa ha dejado de operar el sistema de bicicletas, los políticos locales tendrían en sus manos la justificación legal necesaria para rescindir un contrato de 15 años que, hasta la fecha, ha generado más amparos y quejas que soluciones de movilidad.
