Sheinbaum condiciona extradiciones a la presentación de pruebas: “No es una decisión política, es soberanía”
Por: Slave
CIUDAD DE MÉXICO. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó la postura diplomática y legal de su administración frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria aseguró que México mantendrá la exigencia de pruebas sólidas antes de proceder con cualquier detención o proceso de extradición.
Rechazo a la “falsa disyuntiva”
Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo desestimó las versiones que sugieren que su gobierno se encuentra limitado a solo tres vías de acción: la detención inmediata para extradición, el encarcelamiento en territorio nacional o la inacción.
“No es una decisión política, como lo han querido hacer ver. Es la decisión responsable de la Presidenta de México de defender la soberanía nacional”, puntualizó Sheinbaum.
La mandataria subrayó que el respeto al debido proceso y a un juicio justo es un derecho constitucional que asiste a todo ciudadano mexicano, independientemente de su afiliación política o el cargo que ocupe. En este sentido, recalcó que cualquier acusación proveniente del extranjero debe estar sustentada en evidencias contundentes para que la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) puedan intervenir.
La presidenta enfatizó que la exigencia de pruebas aplica para los 10 ciudadanos mexicanos requeridos actualmente por un juzgado del Distrito Sur de Nueva York.
El criterio de revisión de pruebas no distingue si el señalado es un funcionario público o un ciudadano particular.
Para contextualizar la postura de su administración, Sheinbaum reveló que la cooperación judicial entre ambos países ha tenido obstáculos previos desde el lado estadounidense. Informó que existen36 casos en los que las autoridades de EE. UU. han negado peticiones de extradición realizadas por el Gobierno de México.
Con esta declaración, la administración federal busca establecer un precedente de corresponsabilidad y rigor jurídico, enviando un mensaje claro: México no actuará bajo presiones políticas, sino bajo el estricto cumplimiento de la ley y la validación de pruebas materiales.
