Escala a la SCJN el caso Aguakan: FGR e investigación por lavado de dinero acorralan a directivos de GBM y GMD
El histórico conflicto por la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en Quintana Roo alcanzó la cima del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Consejo de Administración de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), dentro de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero relacionado con un pago de 1,055 millones de pesos vinculado a la prórroga de la concesión a Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (Aguakan).
Una prórroga multimillonaria bajo la lupa penal
El expediente penal dio un salto decisivo a principios de 2025, tras una denuncia formal presentada por la administración de la gobernadora Mara Lezama. La acusación central establece que en 2014 y 2016, durante la gestión del exgobernador priista Roberto Borge Angulo, se avaló una ampliación de 30 años a la concesión hídrica mediante contratos firmados entre directivos de la empresa, la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
De acuerdo con el Ministerio Público Federal, las instituciones estatales involucradas erogaron más de 1,055 millones de pesos por concepto de contraprestación sin tener las atribuciones legales para ello, por lo que dichos fondos fueron catalogados como presuntamente ilícitos. Esta premisa motivó a un juez de control de Quintana Roo a librar órdenes de aprehensión no solo contra Ballesteros Franco, sino también contra Diego José Ramos González de Castilla, expresidente del Consejo de Administración de Grupo Bursátil Mexicano (GBM); Paul Andrew Rangel Merkley, exdirector general de Aguakan, y Enrique Rojas Blásquez, exmiembro del consejo de GBM.
Guerra de amparos y la intervención del Máximo Tribunal
Ante las órdenes de captura, los empresarios involucrados recurrieron a la justicia federal en busca de protección. Sin embargo, la suerte procesal fue dispar: mientras que Paul Andrew Rangel Merkley obtuvo un amparo que frenó su detención, a Jorge Eduardo Ballesteros Franco le fue negada la suspensión tras determinarse que la orden judicial en su contra se encontraba debidamente fundada y motivada.
Inconforme con la resolución, el presidente del Consejo de GMD promovió un recurso de revisión que llegó a un Tribunal Colegiado y, finalmente, a la SCJN. En agosto, a petición del ministro Irving Espinosa Betanzo, el Máximo Tribunal decidió ejercer su facultad de atracción para resolver el asunto de fondo. Por su parte, la representación legal de Aguakan defiende la validez de sus contratos y sostiene que el embate penal forma parte de una estrategia gubernamental para presionar a sus accionistas a ceder la concesión y forzar la venta de la empresa.
Doble golpe judicial para Grupo Mexicano de Desarrollo
El enredo penal por el agua en Quintana Roo no es el único revés reciente para GMD ante la SCJN. El pasado 28 de agosto, el Máximo Tribunal dejó firme una sentencia en materia administrativa que obligó a la firma a pagar 1,085 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un crédito fiscal no liquidado del ejercicio 2013, dejando al grupo empresarial en una posición de máxima vulnerabilidad jurídica e institucional.
