
Detienen en la Ciudad de México a Lili Campos, expresidenta municipal de Solidaridad, por presunto quebranto de más de 62 millones de pesos
Roxana Lili Campos Miranda, expresidenta municipal del entonces municipio de Solidaridad —hoy Playa del Carmen— durante el periodo 2021-2024, fue detenida la noche del jueves en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de presuntas irregularidades en contratos públicos que habrían ocasionado un perjuicio superior a los 62 millones de pesos al patrimonio municipal.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se efectuó a las 19:47 horas del jueves 19 de noviembre de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza, tras lo cual fue puesta a disposición ante una autoridad federal en Tacubaya. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que el operativo se ejecutó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), poco más de dos años después de que concluyera su gestión al frente del Ayuntamiento.
Contratos millonarios bajo investigación e inconsistencias operativas
La carpeta de investigación se centra en tres licitaciones públicas adjudicadas a un particular entre 2022 y 2024 para la prestación de servicios especializados de lavado de unidades adscritas a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Según los datos recabados por la representación social, el presunto quebranto superior a los 62 millones de pesos obedece al incumplimiento de los servicios contratados y a la ausencia de documentación comprobatoria que respaldara los pagos erogados.
Entre las principales anomalías documentadas por la Fiscalía destacan las siguientes:
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Sobrefacturación frente al parque vehicular: La dependencia municipal disponía de apenas 123 vehículos; sin embargo, se reportaron hasta 865 servicios de lavado en un solo mes, equivalente a un promedio aproximado de siete lavados mensuales por unidad.
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Capacidad operativa insuficiente: La empresa contratada contaba con una plantilla de únicamente 15 trabajadores, pese a que las bitácoras de servicio asentaban operaciones continuas sin días de descanso.
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Ausencia de comprobación fiscal: Se detectó la falta de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a los primeros contratos, situación que no impidió que continuaran liberándose pagos sin el soporte documental exigido por la normativa.
Alcance de las indagatorias y situación jurídica
La investigación ministerial apunta también hacia presuntas omisiones de los servidores públicos responsables de supervisar la ejecución de los contratos, verificar la prestación efectiva de los servicios y validar la documentación previa a la autorización de los recursos, abriendo una línea de indagatoria sobre la cadena administrativa involucrada.
Hasta el momento, la FGE no ha revelado la razón social de la empresa beneficiada ni el desglose individual de los montos de cada licitación. Asimismo, permanece pendiente que se informe sobre la comparecencia de la exfuncionaria ante un Juez de Control, la formulación de imputación y la eventual imposición de medidas cautelares. Cabe señalar que el monto estimado corresponde al presunto perjuicio patrimonial señalado por la autoridad ministerial y que Campos Miranda mantiene su derecho constitucional a la presunción de inocencia en tanto se resuelve su situación jurídica.