Los diputados más caros del país, los de Quintana Roo aprueban Plan B.
Chetumal, Q. Roo.— El Congreso de Quintana Roo aprobó, bajo el argumento de austeridad y mediante un trámite que calificó de “urgente resolución”, reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La iniciativa, avalada con 20 votos a favor y cuatro en contra, modifica los artículos 115 y 116 y adiciona disposiciones al 134, fijando un tope de entre 7 y 15 regidores por municipio y limitando el gasto de los congresos locales a un máximo del 0.70% del presupuesto estatal.
Aunque el discurso oficial presenta la reforma como un golpe a los “excesos” y a los privilegios, la medida ha encendido sospechas sobre una probable reconfiguración del poder político que podría erosionar la representación ciudadana.
El coordinador legislativo Jorge Sanén defendió la aprobación como una victoria contra la oposición; sin embargo, la reducción del número de representantes no garantiza mejor gobernabilidad y sí puede acotar la pluralidad política, especialmente en municipios con dinámicas complejas y crecimiento acelerado como Playa del Carmen o Cancún.
La propia admisión de que demarcaciones clave —Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen— ya operan con el máximo de regidores expone la falta de criterios claros para ajustes futuros. Esa ambigüedad abre la puerta a decisiones discrecionales que podrían responder más a intereses partidistas que a necesidades demográficas reales.
Los legisladores de oposición Filiberto Martínez Méndez y José Luis Pech alertaron sobre una posible invasión a la autonomía municipal y una tendencia centralista desde el poder federal, señalamientos que fueron minimizados por la mayoría oficialista sin que se detallaran mecanismos concretos para proteger la soberanía estatal.
La implementación, anunciada como gradual y con ajustes previstos antes de mayo de 2026 tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, no ha disipado las dudas: la prisa con que se aprobó el paquete refuerza la percepción de que se legisla un cambio estructural sin debate público suficiente.
