Bajo la lupa de la Ley de Responsabilidades: Denuncian a Orlando Muñoz por ocultar bienes, negocios y más de 900 mil pesos
Una nueva bomba política e investigación por presunta corrupción sacude al Ayuntamiento de Playa del Carmen. El regidor Orlando Muñoz Gómez enfrenta una severa denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) por presuntas faltas administrativas graves relacionadas con la omisión deliberada de bienes inmuebles, participaciones empresariales compartidas con su esposa y la discrepancia de casi un millón de pesos entre su salario real y sus declaraciones patrimoniales.
El expediente destapa incongruencias patrimoniales alarmantes. En su declaración de 2021, Muñoz solo reportó dos inmuebles adquiridos en 2006 y 2015 por un valor conjunto de 900 mil pesos. Sin embargo, en sus informes de 2024 y 2026 brotaron repentinamente un edificio y tres terrenos cuya supuesta fecha de compra se remonta al mismo día: el 20 de enero de 2015. El cuestionamiento jurídico es contundente: si esas propiedades —con un valor estimado de 1.4 millones de pesos— ya formaban parte de su haber desde hace una década, ¿por qué las escondió en sus declaraciones previas?
A este “mágico” incremento inmobiliario se suma una red de participaciones corporativas no transparentadas en empresas como Ya Áb Kalan Turística de Negocios, Muñoz & Farías Bienes y Raíces y Delirio Habanero. En esta última, la denuncia salpica directamente a su esposa, Ana María Sosa Moreno, quien figura como socia fundadora y tesorera mientras el regidor operaba como presidente del Consejo de Gerentes. Esta omisión violaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas al esconder posibles conflictos de interés y una tramado empresarial vinculado a permisos de alcoholes, justo cuando el funcionario ostentaba comisiones clave en el Cabildo.
Por si fuera poco, la investigación exhibe una insólita diferencia de ingresos en 2020: mientras Muñoz declaró haber percibido solo 69 mil 220 pesos por su cargo público, un oficio oficial de Recursos Humanos comprobó que cobró 933 mil 164 pesos. Nuevas pruebas vinculan además su RFC personal con facturas y licencias estatales de alcoholes operadas en un predio de la avenida Constituyentes que fue cateado en 2024. De acreditarse los cargos, el caso podría escalar a la UIF y al SAT, dejando al regidor en la antesala de una inhabilitación de hasta 20 años y sanciones económicas millonarias.
