Denuncian irregularidades ambientales e impunidad en desarrollos inmobiliarios de Playacar Fase II
La devastación de selva y el desplazamiento de fauna silvestre en el complejo Playacar Fase II han puesto al descubierto un esquema recurrente de violaciones a la normativa ambiental en Quintana Roo, donde desarrolladores inmobiliarios operan mediante cambios de uso de suelo indebidos y permisos municipales o estatales al margen de la ley federal, denunció la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
Irma Morales, representante legal del organismo, advirtió que proyectos como Legacy Awa —denunciado desde 2025 ante la Profepa tras la afectación y atropellamiento de ejemplares de venado— avanzan en la tala de vegetación junto a otros cinco desarrollos dentro del fraccionamiento, sin que la autoridad federal intervenga de fondo.
La activista explicó que el modus operandi de los promoventes consiste en ampararse en licencias de construcción locales o permisos obsoletos de los años noventa, omitiendo la tramitación de nuevas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) requeridas por tratarse de un ecosistema costero.
Aunado a la omisión de la Profepa, DMAS señaló la extralimitación de funciones por parte del Ayuntamiento y de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) del estado al expedir autorizaciones en áreas costeras que competen exclusivamente a la Federación.
Actualmente, de las seis construcciones señaladas en Playacar Fase II, únicamente el desarrollo Macondo se encuentra bajo suspensión judicial producto de una demanda promovida por la A.C., la cual recordó que la destrucción de vegetación natural sin permisos federales constituye un delito penal que alcanza penas de hasta nueve años de prisión.
