Un habitante de la colonia Luis Donaldo Colosio denunció públicamente presuntas arbitrariedades e incomunicación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, tras ejecutarse una orden de cateo y el posterior aseguramiento del inmueble que habita sobre la avenida 25, entre la calle 70 y la avenida Colosio, en Playa del Carmen.
El afectado, identificado como Alberto Molina García, relató que la intervención ministerial dio inicio alrededor de las 18:00 horas del pasado lunes, momento en que se encontraba en su jornada laboral. Tras ser alertado por vecinos y trasladarse de inmediato a su domicilio, los agentes actuantes omitieron identificarse formalmente, se negaron a mostrarle de forma directa el mandato judicial y no le ofrecieron explicaciones sobre las causas del operativo.
De acuerdo con el testimonio del habitante, los elementos del orden le impidieron fotografiar las actas y notificaciones fijadas en la fachada de la propiedad. Asimismo, aseveró haber recibido advertencias sobre una posible puesta a disposición ante las autoridades en caso de continuar operando su dispositivo móvil o intentar establecer contacto con asesoría jurídica privada.
Al concluir la inspección, los agentes colocaron un sello oficial con fecha del 19 de octubre suscrito por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, donde se especifica la condición de inmueble asegurado mediante orden de cateo. No obstante, Molina García sostuvo categóricamente que en el interior no se localizaron sustancias ilícitas ni se efectuó la detención de persona alguna, señalando además que los efectivos únicamente retiraron un instrumento musical propiedad de su hijo.
Tras el despliegue policial, el afectado acudió a la sede local de la Fiscalía General del Estado para solicitar información sobre el estado de la carpeta de investigación. En la dependencia se le notificó que debe aguardar un permiso de la autoridad competente para ingresar al predio a extraer la documentación personal con la que prevé acreditar la posesión legítima de la finca, la cual habita de manera continua desde hace aproximadamente 18 años.
La situación ha generado indignación entre los habitantes de la zona debido a que dos mascotas propiedad de la familia permanecen encerradas en el patio interior de la vivienda sin que el propietario pueda ingresar a suministrarles agua y alimento, dado que romper los sellos oficiales incurriría en una falta de carácter penal. Ante esta contingencia, vecinos del sector colocaron pancartas y letreros de solidaridad en la fachada del inmueble exigiendo el respeto a los derechos del ciudadano.
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