Escala conflicto de Vulcan Materials (Calica) en Quintana Roo: Congresistas de EE. UU. exigen trato justo al gobierno mexicano
Ciudad de México / Quintana Roo — El conflicto legal y territorial entre el Gobierno de México y la empresa estadounidense Vulcan Materials, a través de su filial Calica en Quintana Roo, escaló de nivel en el ámbito político y diplomático internacional. Un bloque bipartidista integrado por cuatro congresistas de Estados Unidos envió una misiva formal al embajador de México en ese país, Roberto Lazzeri Montaño, para exigir un trato que consideran justo para la compañía y los trabajadores afectados.
La carta, difundida el pasado 28 de septiembre y respaldada por otros legisladores, fue encabezada por la congresista demócrata Terri Sewell y coencabezada por el republicano August Pfluger (Texas), el demócrata Salud Carbajal (California) y el republicano Gary Palmer (Alabama).
Reclamos legislativos y presión por la ley DAPA
Durante su pronunciamiento, Sewell expresó profunda preocupación por las acciones gubernamentales emprendidas en territorio mexicano contra Vulcan Materials, señalando que durante casi una década la empresa ha sufrido afectaciones directas en sus operaciones y en su plantilla laboral. Entre los puntos centrales de la queja destaca la denuncia sobre la ocupación militar de las propiedades de la firma en el Caribe mexicano.
Ante este panorama, los legisladores advirtieron que mantendrán la presión mediante vías diplomáticas y legislativas, impulsando de manera prioritaria la iniciativa conocida como Defending American Property Abroad Act (DAPA). Esta legislación, aprobada por la Cámara de Representantes en marzo pasado con 247 votos a favor y 164 en contra, busca salvaguardar los bienes y propiedades de corporaciones estadounidenses frente a determinaciones de gobiernos extranjeros, un mecanismo que Sewell reconoció fue diseñado a raíz del caso Calica.
Por su parte, August Pfluger acusó al Estado mexicano de vulnerar los derechos de la empresa y poner en riesgo empleos e intereses económicos de Estados Unidos. En tanto, Salud Carbajal descalificó las medidas aplicadas contra la compañía por considerarlas contrarias a las normativas del comercio internacional, mientras que Gary Palmer exigió el cese de acciones que obstaculizan las actividades comerciales de la firma.
El laudo del CIADI y la disputa por los terrenos en Quintana Roo
Este nuevo posicionamiento político se suscita tras el laudo emitido en julio pasado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), derivado de la demanda interpuesta por Legacy Vulcan LLC. Si bien el tribunal internacional desestimó la mayor parte de las reclamaciones económicas de la corporación, dictaminó que el cierre de un predio de Calica en enero de 2018 contravino el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fijando una compensación de aproximadamente 15.9 millones de dólares —una fracción menor al uno por ciento de la exigencia inicial—.
Mientras el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, ha defendido que el fallo favoreció mayoritariamente al Estado y ha abogado por mantener abiertos los canales de diálogo, la situación de los terrenos se ha endurecido en el plano local. En 2024, la superficie de Calica en Quintana Roo fue integrada mediante una declaratoria federal a un Área Natural Protegida (ANP), imposibilitando definitivamente que la compañía continúe con sus labores extractivas y productivas en la región.
Con esta intervención directa desde Washington, la disputa por los terrenos quintanarroenses abandona el terreno estrictamente jurídico para transformarse en un punto de fricción en la agenda diplomática bilateral.
