
Fiscalía española rectifica y respalda investigar a Julio Iglesias por presunta agresión sexual a dos ex empleadas
En un viraje institucional, la Fiscalía de España emitió un informe favorable para que la Audiencia Nacional de Madrid —tribunal especializado en delitos complejos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero— asuma la competencia e investigue al cantante Julio Iglesias, de 83 años de edad, por los presuntos delitos de agresión sexual, acoso y malos tratos denunciados por dos ex trabajadoras de su equipo doméstico.
El pronunciamiento del Ministerio Público modifica la postura asumida en enero pasado, cuando archivó una primera denuncia bajo el argumento de que la Audiencia Nacional carecía de jurisdicción, debido a que los hechos ocurrieron fuera del territorio español y tanto las denunciantes como el artista mantenían su residencia en el extranjero. Pese al cambio de criterio, las autoridades ministeriales no han detallado públicamente los fundamentos jurídicos que motivaron la reconsideración.
Antecedentes de la denuncia y vejaciones en Bahamas y República Dominicana
Tras la desestimación inicial, la representación legal de las afectadas, a cargo de la organización internacional Women’s Link Worldwide y con el respaldo de Amnistía Internacional, presentó un nuevo recurso en septiembre. Las querellantes afirman haber sido víctimas de agresiones sexuales, abusos y privación de libertad en 2021, mientras laboraban en las residencias privadas del intérprete situadas en Las Bahamas y República Dominicana.
De acuerdo con los testimonios documentados por las organizaciones defensoras de derechos humanos, las ex empleadas manifestaron haber estado sujetas a un entorno de control extremo, en el cual el cantante presuntamente:
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Revisaba periódicamente sus dispositivos telefónicos y les prohibía abandonar los inmuebles de trabajo.
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Exigía jornadas laborales continuas de hasta 16 horas diarias, sin otorgar días de descanso ni formalización de contratos de trabajo.
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Incurrió de manera reiterada en conductas de acoso y agresión sexual.
Para respaldar la competencia de los tribunales en Madrid, la defensa argumentó la aplicación de la legislación sobre jurisdicción extraterritorial, la cual faculta al Estado español a perseguir ilícitos cometidos en el extranjero cuando existan vínculos de nacionalidad o relevancia jurídica directa con el país.
Postura del artista y exigencia de garantías judiciales
Por su parte, el intérprete ha rechazado categóricamente las acusaciones presentadas en su contra, calificándolas de “absolutamente falsas” y sosteniendo que a lo largo de su trayectoria jamás ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.
En respuesta, las dos denunciantes publicaron una carta abierta dirigida a la opinión pública y a las autoridades judiciales de España, solicitando el cumplimiento de las convenciones internacionales en materia de acceso a la justicia, protección efectiva e investigación imparcial de la violencia de género, independientemente de la relevancia pública de la persona señalada.