Herencia laboral de Derimaya: Desarrolladora de la Justicia Social enfrenta demandas millonarias por despidos en la colonia Colosio
Playa del Carmen, Q. Roo. — La desaparición de la Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) en mayo de 2025 no solo dejó en manos de la Desarrolladora de la Justicia Social para Quintana Roo el complejo proceso de regularización de los lotes de la colonia Luis Donaldo Colosio, sino que también le heredó un flanco legal en materia laboral por demandas de indemnización que podrían ascender a varios millones de pesos.
A raíz de la modificación institucional y el cambio de razón social, el Tribunal Laboral emitió el exhorto 14/2026 dirigido a la nueva desarrolladora, derivado de conflictos legales iniciados en 2022 por extrabajadores que denuncian despidos injustificados.
Expedientes y actores involucrados en los litigios
Los procedimientos legales se encuentran radicados bajo los números de expediente 113/2022 y 212/2022. Entre los demandantes que reclaman el pago por concepto de antigüedad y prestaciones figuran Frank Albores Jiménez, Juana del Carmen Guzmán De la Peña, Ileana Rodríguez Díaz, Ester Algorez Jiménez y Claudia Rodríguez Lizama.
La lista de demandados incluye a la propia Desarrolladora de la Justicia Social para Quintana Roo, así como a diversos exfuncionarios y figuras vinculadas a la administración histórica del organismo, entre ellos:
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Carlos Ríos Castellanos, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
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Ofelia González Whitt y Rebeca Rangel González, familiares del fallecido Francisco Rangel Castelazo.
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Joaquín Hendricks Díaz, exgobernador del estado y creador original de Derimaya.
Antecedentes de aseguramiento y estatus legal
Este litigio laboral se suma al complejo historial jurídico que arrastra el predio y la extinta paramunicipal. Cabe recordar que en enero de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró el inmueble de Derimaya como parte de una investigación por probables delitos contra el desarrollo urbano y administración fraudulenta que superan los 250 millones de pesos.
Debido a que los expedientes judiciales se mantienen abiertos y en proceso de instrucción, los montos precisos de las demandas por antigüedad no han sido detallados públicamente; sin embargo, de emitirse un fallo favorable para los extrabajadores, la Desarrolladora de la Justicia Social enfrentaría un impacto financiero millonario derivado de esta transición institucional.
