Juicio de nulidad y acusaciones financieras en Canaco-Servytur
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió un juicio de nulidad (expediente 562/26-20-01-8) en contra de Alma Iovana Franco Cervantes, actual dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Playa del Carmen.
De fallar en su contra, todos los convenios y acuerdos firmados durante su gestión quedarían sin validez jurídica y quedaría imposibilitada para volver a competir por la presidencia del organismo.
El conflicto escaló hacia el ámbito penal mediante denuncias presentadas por miembros de la Cámara —como Pablo Alcocer Góngora, Guillermina Lomelí López y Bruno de Almeida— ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Las principales acusaciones y estatus legales incluyen:
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Desvío de recursos: Franco, junto con el tesorero y el secretario de su planilla, enfrenta señalamientos por abuso de confianza y administración fraudulenta. Se le acusa de instalar una terminal de cobro electrónico en las oficinas para desviar directamente a su cuenta bancaria personal los ingresos por pagos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), afiliaciones y capacitaciones.
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Emplazamiento: Desde el 1 de septiembre, Franco y su consejo fueron notificados del juicio de nulidad, contando con un plazo de 30 días hábiles para contestar como terceros interesados.
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Demandas cruzadas: Como represalia ante las acusaciones, la dirigente interpuso una demanda por despojo contra los consejeros opositores.
Origen del conflicto electoral
La fractura interna se originó durante el proceso electoral de febrero para renovar la Mesa Directiva. De acuerdo con Pablo Alcocer, exsecretario de la Comisión Electoral, la planilla “Dorada” encabezada por Franco presentó irregularidades severas desde la convocatoria.
Entre las anomalías documentadas destacan la falta de acreditación de dos años de antigüedad, omisión en los pagos correspondientes y la presentación de credenciales sin la firma del presidente ni los datos comerciales de los afiliados. Aunque existieron vías para subsanar los errores, el entonces presidente de la Comisión Electoral, José Luis Barragán, se negó a someter el caso ante el Consejo.
Pese a que el caso fue turnado a la Comisión de Arbitraje y la Secretaría de Economía solicitó corregir el proceso, el grupo de Franco procedió a cambiar las cerraduras de las instalaciones y asumió el control de la Cámara, amparándose en un presunto aval administrativo cuestionado por los opositores.
Postura de la dirigencia cuestionada
Por su parte, Iovana Franco declaró desconocer los motivos específicos que fundamentan el juicio de nulidad promovido por Alcocer, aunque admitió tener conocimiento de su estatus como tercera interesada en los procedimientos ante la Secretaría de Economía.
Franco desestimó frenar las actividades de la Cámara a causa del litigio y aseguró que su enfoque permanece en el cumplimiento del plan de trabajo vigente. Como parte de sus acciones, destacó la reciente firma del pacto por la “Prosperidad y la Justicia en Playa del Carmen” en coordinación con el gobierno municipal. Asimismo, indicó que su administración se concentra en gestionar incentivos fiscales, promover la regularización de negocios y preparar al sector comercial para aprovechar la derrama económica del próximo Buen Fin y la temporada alta decembrina.
