¡JUSTICIA CIEGA!: 11 AÑOS DE IMPUNIDAD PARA DEUDOR ALIMENTARIO DE MENOR CON AUTISMO SEVERO EN PLAYA DEL CARMEN
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.— En un acto de desesperación y protesta pacífica, Diana Gabriela Flores Colombón instaló una casa de campaña frente a las instalaciones del Poder Judicial en Playa del Carmen. Su exigencia es clara y urgente: que los jueces de lo familiar dejen de solapar las evasivas de Francisco “N.” y garanticen la pensión alimenticia de su hijo de 13 años, quien padece autismo no verbal nivel 3.
Un calvario de 11 años de abandono y trabas legales
La batalla legal de Diana comenzó en 2015 por la vía familiar. Tras ocho años de impunidad y nulos resultados, en 2022 decidió interponer una denuncia penal bajo la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/03/1842/2022. Sin embargo, la justicia sigue estancada.
Según denunció la madre, el demandado, Francisco “N.” —quien reside en el exclusivo fraccionamiento Jardines del Sur en Cancún y se sostiene económicamente de las rentas de sus propiedades—, elude una pensión fijada en 24 mil pesos bajo el argumento de que es “amo de casa” y carece de ingresos.
“Los jueces han permitido que las audiencias siempre se difieran. Él sale con el pretexto de que cambió de abogado o hace propuestas que nunca cumple”, señaló la afectada. La próxima cita judicial está programada para agosto, pero el temor de Diana es el mismo de siempre: otra cancelación de último minuto que alargue la agonía de su hijo.
Entre el colapso económico y la falta de apoyo estatal
La situación en el hogar de Diana es crítica. El autismo nivel 3 de su hijo requiere cuidados especializados permanentes. Debido a la falta de recursos, el menor lleva tres años sin asistir a la escuela ni recibir terapias privadas.
La madre denunció que las instituciones públicas no ofrecen alternativas reales:
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El Centro de Atención Múltiple (CAM): No cuenta con el personal suficientemente capacitado para la complejidad del caso.
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El Teletón: Ofrece terapias temporales que obligan a los padres a capacitarse y, tras seis meses, los regresa a una lista de espera.
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El DIF: Limita su apoyo al otorgamiento de despensas básicas.
A lo largo de este calvario, Diana ha tenido que desembolsar cerca de 4 millones de pesos en gastos médicos y de manutención. Para poder realizar cualquier trámite o acudir a las constantes citas judiciales, debe contratar una cuidadora privada que cobra 300 pesos la hora, ya que el menor no puede quedarse solo.
El llamado urgente al Poder Judicial
La crisis ha escalado a niveles físicos y emocionales. Recientemente, Diana sufrió una lesión en el ojo provocada accidentalmente por su hijo durante una crisis violenta, un comportamiento que, explica, es habitual dentro del espectro severo que padece. Actualmente, el psiquiatra del menor ha solicitado con urgencia estudios especializados como una resonancia magnética y un electroencefalograma debido a complicaciones de salud ligadas a su etapa de adolescencia.
Sin un hogar propio, al límite de sus fuerzas y con la imposibilidad de conseguir un empleo convencional debido a los cuidados de tiempo completo que su hijo requiere, Diana Gabriela Flores hace un llamado directo a las autoridades judiciales. Solo la intervención firme y con perspectiva de derechos humanos por parte de los jueces familiares podrá poner fin a más de una década de abandono institucional y familiar.
