El Gobierno de México emitió un pronunciamiento oficial tras la publicación del Laudo final dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en el litigio contra la corporación estadounidense Legacy Vulcan LLC, filial de Vulcan Materials Company, confirmando que la resolución ya es de acceso público sin intermediación de las partes.
A través de la Secretaría de Economía, la administración federal rechazó categóricamente la postura vertida por la firma minera en su comunicación corporativa y remitió al expediente oficial del CIADI como la única fuente legítima sobre lo resuelto. Las autoridades mexicanas desmintieron que el fallo sobrepase la controversia particular de la empresa, recordando que la República Mexicana se mantiene como el principal destino de la inversión directa proveniente de Estados Unidos.
El Gobierno Federal enfatizó que, de la totalidad de las medidas de reclamo promovidas por la firma extractiva en Playa del Carmen, el panel arbitral únicamente consideró incompatible una de ellas con los preceptos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Como consecuencia, el Tribunal fijó una indemnización cercana a los 15.9 millones de dólares más intereses, cifra que contrasta significativamente con pretensiones originales que superaban los 1,900 millones de dólares y que representa menos del 1% de la reclamación máxima exigida por la multinacional.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró que mantendrá las vías de diálogo abiertas con la representación de Vulcan Materials dentro del marco constitucional y del respeto mutuo. No obstante, las autoridades precisaron que independientemente de las acciones legales de anulación que pudieran promoverse de manera posterior a la emisión del laudo, la Nación continuará defendiendo la soberanía territorial y la protección ambiental de sus recursos naturales en Quintana Roo.
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