Playa del Carmen lidera regulación de rentas vacacionales: Registro en plataformas será voluntario por lo que resta de 2026
El Ayuntamiento de Playa del Carmen dio un paso decisivo hacia el ordenamiento de la oferta turística al iniciar el proceso de regulación de las plataformas de rentas vacacionales, como Airbnb. Sin embargo, para lo que resta de 2026, el municipio implementará una fase de transición voluntaria y flexible antes de aplicar esquemas coercitivos o sanciones administrativas contra los propietarios de inmuebles.
Así lo dio a conocer el tesorero municipal, Guillermo Brahms González, en representación del gobierno que encabeza la alcaldesa Estefanía Mercado Asencio. El funcionario explicó que, al tratarse de un ejercicio inédito a nivel estatal, la administración optó por una estrategia pedagógica que permita a los contribuyentes familiarizarse con la nueva herramienta digital.
“Es un ejercicio nuevo, una plataforma bastante afable para el usuario. Les estamos dando el beneficio de que se registren de manera voluntaria porque es algo que no se había dado; como municipio vamos a poner el ejemplo en todo el estado, por lo que debemos ser conscientes y flexibles en esta primera etapa”, subrayó el tesorero, estimando una ventana de adaptación de dos a tres meses.
El reordenamiento cobra especial relevancia dado que Playa del Carmen ostenta la mayor concentración de oferta inmobiliaria vacacional del país. De acuerdo con proyecciones de la Tesorería Municipal, la localidad registra un padrón aproximado de 16 mil habitaciones destinadas al arrendamiento a través de aplicaciones digitales, superando a otros destinos estratégicos de Quintana Roo y de la República Mexicana.
Brahms González enfatizó que, aunque la inscripción en el padrón tiene carácter obligatorio conforme a los acuerdos del Ayuntamiento, esta primera fase priorizará la autodeterminación y la colaboración del sector. Asimismo, aclaró que la autoridad municipal actuará estrictamente dentro de su marco competencial, aplicando facultades de fiscalización y eventuales sanciones de tipo administrativo únicamente a quienes omitan regularizar su situación una vez concluido el periodo de gracia.
