La reactivación del aserradero comunitario de Kantunilkín está programada para llevarse a cabo en el transcurso de este mes de noviembre, como parte central de un proyecto de aprovechamiento forestal a largo plazo. El plan contempla la extracción maderera en una superficie de 5 mil hectáreas durante un periodo de diez años, operando a un ritmo de 500 hectáreas anuales mediante una inversión bipartita entre el ejido y la empresa privada VO7.
Mientras que la directiva del núcleo agrario, encabezada por el comisariado ejidatario Fidel Pool Cauch, defiende la iniciativa al asegurar que detonará oportunidades productivas y un aprovechamiento ordenado de la materia prima, sectores disidentes representados por el ejidatario Isidro Chuc Sima han manifestado serias reservas sobre la transparencia de los acuerdos, advirtiendo sobre posibles riesgos financieros y ambientales.
Esquema operativo y adecuaciones en la antigua bloquera
De acuerdo con los detalles proporcionados por Pool Cauch, el modelo de operación establece que los mil 106 ejidatarios registrados aportarán el recurso maderable de sus tierras, en tanto que la empresa VO7 asumirá la responsabilidad de dotar la maquinaria pesada, fondear el mantenimiento de las instalaciones y ejecutar las labores de corte y comercialización. Las obras físicas del aserradero, ubicado en la antigua bloquera ejidataria, se encuentran en su fase final e incluyen la reparación de fisuras estructurales, así como el acondicionamiento de oficinas y sanitarios a la espera del arribo de la maquinaria definitiva.
Como parte de los compromisos de rendición de cuentas, la dirigencia ejidal se comprometió a emitir informes mensuales detallados sobre el volumen de metros cúbicos procesados, los costos operativos y el estado de la inversión. Asimismo, Pool Cauch puntualizó que el proyecto contempla la diversificación industrial mediante la capacitación de parceleros para la elaboración de subproductos como triplay y cimbraplay utilizando sobrantes de madera, además de proyectar la apertura de una mueblería comunitaria y asegurar un mercado de comercialización garantizado por parte de la empresa aliada. En el plano ecológico, el líder ejidal aseguró que no se intervendrán especies bajo régimen de protección especial, tales como el cedro y el chicozapote.
Señalamientos de opacidad y exigencia de permisos ambientales
En contraparte, el ejidatario Isidro Chuc Sima cuestionó el optimismo institucional al denunciar que no existe información clara ni permisos visibles expedidos por autoridades federales competentes, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Chuc Sima advirtió que la comunidad carece de un estudio agronómico formal y de un programa de manejo sustentable verificado que garantice la tasa de reposición del monte, lo que podría derivar en una degradación severa del ecosistema local.
Adicionalmente, los inconformes señalaron que los antecedentes de alianzas con empresas privadas en la región han dejado desconfianza, argumentando que este tipo de esquemas suele concentrar las ganancias en particulares y directivas en turno mientras los ejidatarios quedan al margen de los beneficios reales. Ante este escenario, exigieron mayor claridad en las reglas de operación para evitar la subestimación del volumen maderable y asegurar un reparto equitativo de dividendos para las familias del ejido.
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