
PRESIDENCIA SOLICITA RENDICIÓN DE CUENTAS A PROFEPA TRAS CLAUSURA DE ANIMALANDIA EN PLAYA DEL CARMEN
CIUDAD DE MÉXICO
En un movimiento clave para la política ambiental y de protección animal en el sureste del país, la Presidenta de la República ha solicitado formalmente la intervención y comparecencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para esclarecer diversos casos de irregularidades, destacando la reciente clausura del proyecto Animalandia en Quintana Roo.
El proyecto Animalandia, ubicado en Playa del Carmen, se encuentra actualmente clausurado tras una operación coordinada entre la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la presidencia municipal de Solidaridad, Estefania Mercado. Esta medida se fundamenta en el estricto cumplimiento del Artículo 4° Constitucional, que garantiza el derecho a un medio ambiente sano y la protección de la biodiversidad.
La intervención no solo detuvo las operaciones en el sitio por presunto maltrato animal, sino que ha abierto el debate para que operativos de Protección Animal similares se repliquen en otros estados de la República, buscando sentar un precedente nacional contra el abuso de la fauna.

Ante la pregunta realizada sobre el tema esta fue la respuesta de la Presidenta: Transparencia y rigor
Ante la gravedad de las denuncias, la Presidenta fue enfática al señalar que es necesaria una explicación técnica y legal exhaustiva sobre estos desarrollos. Durante su intervención, confirmó la solicitud para que los titulares de la procuraduría ambiental rindan un informe detallado: “Y le pedimos a la Profepa también que venga para que pueda explicar estos casos”, señaló la mandataria.
Esta petición busca que la autoridad federal aclare:
El estatus legal definitivo de la clausura de Animalandia.
La situación del desarrollo Shibalbá en Yucatán, señalado por dañar severamente sistemas de cenotes sagrados.
Las medidas de mitigación y sanciones que se aplicarán a los responsables de estos daños ambientales.
Con esta postura, el Gobierno Federal reafirma que la protección de los recursos naturales y el bienestar animal son prioridades que requieren la acción coordinada de los tres niveles de gobierno y la vigilancia constante de las dependencias federales.


