Revisan situación jurídica de 20 personas en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen para agilizar procesos
Playa del Carmen, Q. Roo. — Como parte de una estrategia para garantizar el acceso a la justicia y fomentar la reinserción social, un grupo inicial de 20 personas privadas de la libertad en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen será sometido a una revisión individualizada de sus expedientes jurídicos en busca de alternativas legales para su liberación o agilización procesal.
La iniciativa, impulsada por la presidenta municipal Estefanía Mercado Asencio y derivada de una propuesta de la regidora Xelha Dehesa, arrancó formalmente este 29 de septiembre con la instalación de una mesa de trabajo especializada en la que participan más de 10 abogados.
Durante una entrevista, la alcaldesa municipal explicó que este esquema enfoca su atención primordialmente en sectores vulnerables o con características específicas, tales como adultos mayores, personas con problemas de salud —quienes podrían continuar sus tratamientos médicos fuera del penal si la ley lo permite—, aquellos acusados de delitos menores y quienes han demostrado una conducta óptima durante su estancia en el centro penitenciario.
Análisis riguroso sin liberaciones automáticas
Las autoridades locales enfatizaron que este ejercicio no representa bajo ninguna circunstancia una liberación masiva o automática. Los 10 profesionales del derecho asignados evaluarán los expedientes en bloques de 20 casos, analizando minuciosamente la situación legal de cada interno para determinar si cumplen con los requisitos que marca el marco normativo vigente en Quintana Roo y federal.
«Existen personas que, por distintas circunstancias, no han tenido acceso a una audiencia o a un procedimiento que permita resolver con mayor rapidez su situación jurídica», apuntó Mercado Asencio al detallar la urgencia de desahogar los rezagos procesales que afectan a parte de la población penitenciaria local.
Hacia una reinserción social efectiva
La medida busca cerrar brechas de desigualdad en el sistema de impartición de justicia a nivel municipal, permitiendo que quienes califiquen conforme a derecho puedan continuar sus procesos en libertad o acceder a beneficios preliberacionales. Con ello, el Ayuntamiento de Solidaridad busca alinear las acciones de reinserción social con el respeto a los derechos humanos, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes cumplen con los parámetros de buena conducta y menor gravedad en sus acusaciones.
Las autoridades municipales adelantaron que los resultados de esta primera mesa de trabajo servirán de parámetro para evaluar la continuidad del programa en sucesivas etapas dentro del Centro de Retención.
