Sin rastro patrimonial, uno de cada tres aspirantes de la 4T para las gubernaturas de 2027
Una investigación revela serias opacidades y señalamientos de corrupción entre las figuras de Morena y sus aliados que buscan encabezar las coordinaciones estatales —y futuras candidaturas a gobernador— en 17 estados del país.
De un universo de 111 aspirantes con antecedentes en el servicio público analizados, 38 carecen de un patrimonio verificable: no tienen declaraciones públicas disponibles, reportaron no poseer bienes o se negaron a transparentar sus datos.
Entre los aspirantes figuran personajes con investigaciones abiertas o polémicas patrimoniales, como Montserrat Caballero (exalcaldesa de Tijuana investigada por la FGR), Abelina López (alcaldesa con licencia de Acapulco señalada por anomalías financieras) y José María Tapia (exdirector del Fonden involucrado en la adquisición de departamentos de lujo en Miami).
Al menos 17 aspirantes enfrentan expedientes por corrupción, enriquecimiento ilícito o actos anticipados de campaña. En esta lista destacan el exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros —procesado por la compra irregular de patrullas— y legisladoras como Andrea Chávez, sancionada por promoción personalizada.
Diversos funcionarios reportaron ingresos extra millonarios a sus sueldos públicos por concepto de arrendamientos, empresas e inversiones. Destaca el caso del diputado Carlos Alberto Puente, con ingresos por rentas superiores a 1.7 millones de pesos y compras de inmuebles al contado por 11 millones de pesos.
Pese a que la Ley General de Transparencia obliga a todo servidor público a presentar una versión pública de su patrimonio, la opacidad persiste en las filas del oficialismo previo al filtro final de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
