Exigen ciudadanos y expertos cambio de estrategia de seguridad tras ataque a sindicato de taxistas en Playa del Carmen.
Un reciente embate violento contra el gremio transportista ha recrudecido los reclamos de la sociedad civil, comerciantes y especialistas en derecho, quienes denuncian una profunda crisis de seguridad, impunidad y fallas estructurales en las instituciones de los tres niveles de gobierno en Solidaridad.
El detonante más reciente ocurrió la noche de este viernes, cuando sujetos encapuchados atacaron con bombas molotov las instalaciones del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” en Playa del Carmen. Durante el atentado, los agresores privaron de la libertad a dos operadores, quienes posteriormente fueron liberados en las inmediaciones de la alcaldía de Puerto Aventuras.
Desconfianza ciudadana y presunta complicidad institucional
Este clima de hostilidad ha generado severas críticas hacia las corporaciones de seguridad. El comerciante Arael García advirtió que la delincuencia se fortalece por las fallas del gobierno municipal y la posible infiltración criminal en las corporaciones, señalando que la falta de detenidos tras los ataques evidencia una presunta complicidad policial. En este mismo sentido, la ciudadana y contadora María Luisa Martínez lamentó que la población ha perdido total confianza en la policía municipal, en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en los jueces, describiendo el panorama actual como una “terrible crisis” en la impartición de justicia.
Por su parte, el comerciante Rogelio Basurto denunció que el abandono institucional es evidente en las calles: las casetas de vigilancia lucen desiertas y las estructuras de la policía de proximidad han desaparecido. Basurto criticó fuertemente a la administración actual, acusándola de despilfarrar los impuestos en la contratación de artistas en lugar de invertir en el combate a la delincuencia.
A nivel preventivo, el ciudadano Gabriel González cuestionó a las autoridades municipales por enfocar sus recursos en la compra de votos y el clientelismo político mediante la entrega de despensas a grupos cercanos, ignorando la pobreza y marginación real que empuja a los jóvenes a la delincuencia.
Especialistas urgen inteligencia y reestructuración del tejido social
Frente a la escalada delictiva, expertos jurídicos subrayan la urgencia de replantear las acciones gubernamentales. El abogado Javier Gómez precisó que frenar la violencia exige un enfoque que combine la inteligencia policial con la prevención social. Gómez propuso reconstruir el tejido social en zonas vulnerables mediante inversiones en educación, cultura y deporte. Asimismo, demandó la dignificación de los cuerpos policiales con mejores salarios y controles de confianza estrictos, además de implementar videovigilancia avanzada y análisis de datos para desarticular bandas de manera estratégica, agilizando también los procesos penales para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
En coincidencia, el abogado Mario Alberto Fernández enfatizó que es imperativa una coordinación permanente entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Fernández destacó que las autoridades deben emplear labores de inteligencia enfocadas en desmantelar las finanzas y las redes de protección del crimen organizado, en lugar de limitarse a realizar arrestos aislados.
Finalmente, los especialistas coincidieron en que el sistema de combate a la impunidad está colapsado, lo que genera que las víctimas eviten denunciar por miedo a represalias y por las trabas burocráticas dentro de un sistema judicial que perciben como “putrefacto”. Ante este vacío, reiteraron el llamado a la Guardia Nacional y a las policías locales para fortalecer la proximidad social y la capacitación constante.
